Petróleo, mentiras y terrorismo

La independencia del poder judicial queda manifiesta por escrito en la constitución española, pero una cosa es lo que se diga en un papel y otro lo que diga el que lo lee.

Un juez español acusa al gobierno de otra nación (en concreto a Venezuela), nada más y nada menos, que de colaboración con bandas terroristas. Primero es que hay que tenerlos bien puestos para realizar esa acusación, pero ya que se ha hecho, pues pasemos a analizarlo.

No se trata de un periodista de investigación cuyas fuentes no puede revelar, si no de un juez español, es decir, alguien con la suficiente credibilidad y estudios como para tenerlo en cuenta. El juez sabe que la acusación es muy grave y relevante, por lo que no va a poner en juego su título y carrera por una falacia. Luego entonces, lo que cabe esperar es que el juez se ha informado muy bien antes de realizar esa acusación, es lo que en el mundo de la abogacía se nombra como "hechos contrastados" y en el de la policía "tener pruebas". No hace falta pensar mucho para entender cómo un juez puede saber esas cosas de otro gobierno: Espías, filtraciones, investigaciones, servicios de inteligencia, miniterio del interior, James Bond, etc, etc.

Creemos entonces que la tesis del Sr. juez es cierta, sale en los medios de comunicación y estalla la bomba informativa y acto seguido aparece "papá gobierno" dando un pescozón a ese niño tan deslenguado, acallando a los medios, disolviendo la tesis del juez y pidiendo disculpas al mismísimo Chávez.

Sólo me falta emitir un ladrido-guau-, que rapidez, que eficacia la de este gobierno en trabajar los asuntos de estado y relaciones exteriores. Tan sólo es necesario bajarse los pantalones rápidamente para evitar un tema tan espinoso como es el terrorismo en España.

¿Significa eso que el juez estaba equivocado? Creo que no, tal y como se ha podido comprobar en distintos medios posteriormente de la incorporación de etarras exiliados en el gobierno del Sr. Chávez.
¿Significa que la justicia no es soberana? En efecto, es algo que ya se sabe pero que nadie quiere decir abiertamente.
¿Ha quedado el juez en cuestión en entredicho? A mi parecer, completamente. El gobierno prefiere dar validez a un presidente amigo de terroristas que a su propio poder judicial.

Ahora viene la gran pregunta: ¿Por qué?

Qué es lo que ha hecho que un gobierno de la nación descarte rápidamente estos hechos terroristas avalados por la justicia española y que suponen la primera gran preocupación en todas las encuestas a ciudadanos españoles. Vamos a analizarlo.

Qué puede haber en Venezuela que sea tan preocupante para España si se pierde, o dicho de otro modo. Qué intereses tiene España en Venezuela, a parte de las inversiones y relaciones de políticos conocidos como el ex-presidente Felipe González o el ex-político Jorge Verstrynge, la respuesta es fácil: empresas.

Empresas, negocios, dinero. ¿Qué empresas pueden tener tanto poder como para decir lo que tiene que decir el gobierno y que les afecte la situación en Venezuela? Sólo hay que mirar al IBEX35. Ahora bien, mirando un poco en detalle, una de las que más ha salido en la prensa y ha sufrido los vaivenes de Chávez en cuanto a la privatización de las empresas extranjeras ha sido Repsol.

Repsol no se encuentra en un buen momento, según la prensa económica, y su mayor accionista, Sacyr, le pide cuentas. También la prensa económica se hace eco de las malas relaciones entre Antonio Brufau presidente de Repsol y Luis del Rivero, presidente de Sacyr. Brufau ya dijo al gobierno que "no pensaba sacrificar Repsol para salvar a Sacyr "[Mercados, el Mundo, Noviembre 2009], y es que Sacyr también está en una situación crítica. Parece también según este periódico que Sacyr apoyó al gobierno socialista actual en las pasadas elecciones acelerando las obras del AVE a Barcelona y que uno de los ex-consejeros de Repsol se fue a la competencia de este bajo la tutela de alguien afín al gobierno. En fin, un galimatías empresarial, lleno de celos de poder y problemas económicos que nuevamente afectan a la sociedad.

Por si no fuera suficiente comernos la crisis actual impulsada por las entidades bancarias sin penalización de ninguna de estas, ahora nos tenemos que tragar que los terroristas españoles dispongan de un refugio caribeño impuesto por empresarios españoles. Estos mismos intereses han hecho que el gobierno español, pida disculpas al gobierno de Venezuela, aún habiendo pruebas, ha acallado a la justicia española y la ha deslegitimizado internacionalmente, además de tragar con las exigencias del presidente Chávez, y se ha evitado una acción más en contra del cáncer del terrorismo que afecta a este país, y todo por que algunos accionistas cobren un dividendo.

Y para muestra, un botón: Un par de meses después de este conflicto olvidado, Repsol anuncia la apertura de un nuevo pozo de gas en Venezuela llamado Perla 2.